El proyecto de ley que el gobierno de María Eugenia Vidal envió la semana pasada a la Legislatura para reformar el Código de Procedimiento Civil y Comercial y de Familia disparó una reacción de colegios de abogados, que salieron a cuestionar los artículos de la iniciativa que prevén extender las sanciones a los profesionales que actúen “de mala fe” en los procesos.

Las advertencias surgieron en los últimos días desde el Colegio de Abogados de La Plata, que emitió un comunicado en el que se plantea la preocupación de la entidad por las disposiciones en ese sentido que contiene el proyecto elaborado en el Ministerio de Justicia de la Provincia después de un debate de especialistas.

Las objeciones de los abogados, que rechazan la aplicación de sanciones más allá de las que rigen en el ámbito de los propios colegios profesionales, ya fueron planteadas en la cartera que conduce Gustavo Ferrari y serán llevadas en los próximos días a los legisladores que tienen que empezar a debatir la reforma.

Se trata del proyecto para la modificación total del Código Procesal en lo Civil y Comercial y de Familia que el Ejecutivo envió al Senado en estos días para poner a la Provincia en línea con el nuevo Código Civil vigente en el país desde 2015.

Uno de los principales objetivos es agilizar y modernizar los procedimientos en el fuero. Y en ese marco, estipula que los abogados que incurran en maniobras dilatorias, en fraudes o abusos procesales podrán ser sancionados con multa por el juez. La medida, de sancionarse la iniciativa, regirá para los procesos en el fuero Civil y Comercial pero también en el de Familia.

“Prevé que haya sanciones de multas, por ejemplo, para los casos en los cuales el abogado niega sin ninguna lógica hechos que son evidentes en el expediente. Hay abogados que contestan demandas de un hecho que está perfectamente probado y constatado en la propia demanda. Lo hacen para ganar tiempo o directamente como ´chicanas´ procesales”, explican quienes trabajaron en la redacción del proyecto.

En la misma sintonía, el proyecto elimina del sistema la “recusación sin causa”, una maniobra que ya desapareció del fuero penal y que es considerada por el Ejecutivo como una estrategia legal para dilatar la marcha de la Justicia.

A poco de que se conozca el texto de la reforma, desde el Colegio de Abogados de La Plata emitieron un comunicado con críticas.

“Es necesario reafirmar la necesidad de que las facultades disciplinarias en los ordenamientos procesales deben encontrarse reducidas al mínimo alcance, imprescindible para garantizar el funcionamiento del servicio”, aseguran, sobre la intención del Gobierno de ampliar y profundizar el régimen de sanciones.

“El ejercicio pleno de la potestad disciplinaria es inherente al gobierno de la matrícula que ejercen los Colegios de Abogados, porque la misma se constituye en una garantía esencial para la vigencia cabal del derecho de defensa y de la independencia propia del ejercicio profesional”, asegura el documento.

En los próximos días, los planteos de los colegios profesionales serán llevados al Senado, donde el oficialismo deberá buscar apoyos para aprobar uno de los últimos proyectos del paquete de reformas judiciales, que otra vez vino con polémica.