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Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
A las 17 horas de ayer, ya no quedaban presencias fuertes de la conducción de la CGT en la Plaza del Congreso mientras en el recinto de Senadores aún se debatía la media sanción de la reforma laboral. Permanecían ciertas columnas de algunos gremios, a modo de testimonio resistente. La central sindical marchó a modo de protesta a los cambios propuestos por el Gobierno a la lógica de las relaciones laborales porque no podía no marchar.
En 50 años, ese credo legal-litúrgico, que objetivamente ha fortalecido a los sindicatos, casi que no se ha visto amenazado. Ningún gobierno no peronista logró avanzar como lo hizo Javier Milei porque, entre otras cosas, el peronismo nunca había perdido el control total del Senado como está pasando ahora. Y acaso nunca había tenido una crisis de representatividad tan profunda como la que atraviesa desde la última derrota. Crisis que también incluye al mundo gremial en tanto parte del PJ.
Los gremios tradicionales hace años sienten la amenaza en fábricas y empresas del avance del sindicalismo de perfil trotskista, rupturista, cebado. El que suele regalar las imágenes de destrozos como las que se vieron ayer en el Congreso. Que, por cierto, resultan todo ganancia para el relato libertario.
Para la CGT se trató, pues, de descomprimir, sabiendo que acaso no les daba el nivel de convocatoria para un paro general. Porque esos caciques no se pueden dar el lujo de perder más terreno, de mostrarse cercanos a una gestión que se define como liberal/libertaria, casi malas palabras en el léxico del peronismo actual. Partido que parece haberse olvidado del giro a la derecha y al liberalismo económico que abrazó en la década menemista, allá por los años 90. Por cierto, muchos actores gremiales eran los mismos aquella vez que ahora. Ventajas de la reelección indefinida en sus cargos, que la mentada reforma no se ha atrevido a limitar. O no ha querido.
Además de los gremios de la CGT, las dos vertientes de la CTA y la mencionada izquierda se sumaron a la marcha. De la política no gremial peronista, se vio a la corriente interna del peronismo provincial que lidera el gobernador Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con él presente para resaltar su idea de erigirse como principal opositor a Milei; a la agrupación La Cámpora; al Movimiento Evita y a otras agrupaciones periféricas que tributan a Cristina Kirchner, detenida por corrupción.
¿Y el resto del justicialismo, cuya “columna vertebral” es el movimiento obrero organizado? Pongamos, por caso, los gobernadores. Mudos, porque en su momento negociaron con el Gobierno cambiar lo que más les preocupaba del proyecto de reforma. No el posible cercenamiento de derechos de los trabajadores, sino la guadaña que se estipulaba a los montos que pagan las empresas del Impuesto a las Ganancias y demás toques impositivos. Si eso salía, era menos plata para coparticipar. Es decir para repartir entre las provincias.
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Conviene preguntarse qué tan enojada está la CGT con la reforma laboral que se debate, para la Rosada denominada “modernización”. Es que, como viene pasando hace rato, Javier Milei pide 10 para después terminar negociando 5. El Gobierno aceptó 28 modificaciones a la iniciativa laboral original que, en rigor, se había pasado tres pueblos. Como el pedido de derogación del estatuto de viajantes (gremio menor) y periodistas, una pelea innecesaria con la prensa. Si se convierte en ley, aún muy cambiada respecto de la idea inicial, igual será vendida como un gran triunfo político de Balcarce 50 sobre la “casta”.
Así, la CGT logró conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias -que son compulsivas- por dos años más (o sea, se hablará con la próxima gestión, sea del color que sea) y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de la afiliación gremial. Traducido: no se tocan los principales mecanismos de financiación de los gremios, eso que los maliciosos definen como “la caja”.
Tampoco se modifica el modelo sindical en sí mismo, que es la base sobre la que los gremios tradicionales peronistas construyeron su poder y cuya conservación les garantiza ventajas por sobre competencias alternativas. Se verá en el debate integral, que pasará a Diputados y allí probablemente sea muy álgido, si se mengua la intención oficial de limitar el derecho a huelga.
La posible caída del concepto de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (que asfaltan el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede actualmente) sería sí una derrota fuerte de los popes gremiales y ellos lo saben. Fue uno de los grandes reclamos escuchados ayer.
Es que ese cambio le saca poder a los secretarios generales de los sindicatos: la ultraactividad implica que todos los convenios tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos, se mantiene el actual. Hoy, muchas compañías, no todas, prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Feliz coincidencia gremial con el mundo empresarial.
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