Autonomía forzada por el escenario político

La decisión de los obispos de acordar con el Gobierno la quita gradual de los aportes que hace el Estado al mantenimiento de la Iglesia se oficializó en medio de una etapa de tensión entre la administración de Cambiemos y el Papa Francisco, que se abrió a comienzos de año cuando el presidente Mauricio Macri dio su visto bueno para el debate por la legalización del aborto.

En la Casa Rosada presentaron en aquel momento el gesto presidencial como una movida a tres bandas: asimilaba uno de los puntos centrales de la agenda feminista; ponía en aprietos a la oposición, porque sus referentes no tenían una postura común; y dejaba en claro a la Iglesia que el liderazgo político lo ejercía Macri, muy lejos de Roma.

El Presidente y sus colaboradores estaban molestos por una sucesión de mensajes del Papa argentino en favor de dirigentes vinculados al kirchnerismo, como Milagro Sala. Y también por la escasa correspondencia de Francisco ante temas centrales para Cambiemos, como la lucha contra la corrupción. La relación entre Macri y Jorge Bergoglio llegó al congelamiento.

Más cerca en el tiempo tuvo lugar la polémica misa oficiada por el obispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, que bendijo a la familia Moyano en medio de su enfrentamiento con el Gobierno y del avance de causas judiciales. La oleada de cuestionamientos que recibió la Iglesia por ese acto obligó a Radrizzani a pedir “perdón”.

La zaga se completó esta semana. Los obispos que sesionaron en Pilar salieron en defensa del Papa y avanzaron con una señal de autonomía respecto del Estado, que se afinca tanto en su oscilante relación con el Gobierno como en una demanda de la sociedad en pleno siglo XXI.

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