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Opinión |PANORAMA NACIONAL
Un conflicto que amenaza con escalar y desnuda las necesidades del Gobierno

Alberto F. optó por dañar su alianza con Larreta, antes que desatender una demanda de Cristina para apuntalar a Kicillof. Para el oficialismo, resulta clave hacer la diferencia en el Conurbano

Mariano Spezzapria

Por: Mariano Spezzapria
@mnspezzapria

13 de Septiembre de 2020 | 02:24
Edición impresa

Puertas adentro del Gobierno, lo llaman “el informe Batakis”. Se trata de un pormenorizado análisis técnico y estadístico sobre los recursos que la Nación le cedió a la ciudad de Buenos Aires desde 2016 para el traspaso de las competencias de seguridad. El texto estuvo en poder del presidente Alberto Fernández desde marzo pasado. Y lo acaba de desempolvar en medio de la crisis policial bonaerense.

La autora del informe, Silvina Batakis, se desempeña como secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior y es conocida en la política bonaerense porque fue ministra de Economía de la Gobernación de Daniel Scioli. Entre las conclusiones, propuso recortar en forma drástica los fondos destinados a CABA hasta ubicarlos en el 1,4 de la masa de coparticipación, el índice histórico del distrito.

Alberto F. optó por una salida intermedia: tomó del informe la parte que especificaba el “monto excedente” entre lo que CABA utilizó para financiar el traspaso de la Policía –2,32 puntos de la “copa”- y operó el descuento sobre los 3,5 puntos que llegan al Gobierno porteño desde 2018. El resultado fue la anunciada quita de 1,18 puntos, lo que este año equivale a unos $35.000 millones. Nada menos que alrededor de un tercio de los ingresos de la ciudad.

Pero eso no sería todo: la Casa Rosada se guarda una carta extra en caso de que escale el conflicto con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta: desvincular el costo de la seguridad porteña de los fondos coparticipables, de modo tal que se regrese al 1,4 instaurado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se renegocie aparte el convenio de traspaso de la Policía Federal a la órbita capitalina, que pasó a ser financiada por la ciudad.

Los primeros cálculos en torno a esa medida eventual estiman que, con esa jugada, el Gobierno nacional podría recortar a la ciudad de Buenos Aires otros 24.000 millones de pesos anuales.

LARRETA, AHORA EN LA VIDRIERA NACIONAL

El jefe de Gobierno porteño se había acercado a Alberto F. por la gestión conjunta de la pandemia pero, también, especulando con que al Presidente le sería más dificultoso, de esa forma, avanzar con las demandas de Cristina Kirchner contra la ciudad de Buenos Aires. La Vicepresidenta no oculta su malestar con el distrito que nunca pudo conquistar. Y que, por si fuera poco, alumbró el liderazgo de su máximo “enemigo” político, Mauricio Macri. Y además es manejado por Rodríguez Larreta, cuya imagen ha crecido en todas las encuestas.

Alberto F. y el alcalde porteño habían sellado la paz incluso contrariando los deseos de Cristina y de Macri. Ambos se beneficiaron de ello: el Presidente se mostró como un cultor de diálogo político con el principal gobernante de la oposición, mientras que el alcalde se puso el traje de la moderación frente a los halcones de Juntos por el Cambio, lo que recortó nítidamente su figura y lo posicionó en las encuestas.

Pero la rebelión policial puso en aprietos al gobernador Axel Kicillof, delfín político de Cristina, y entonces Alberto F. le dio rienda suelta al plan que había madurado el kirchnerismo desde el año pasado: avanzar sobre la coparticipación porteña para traspasarla a la provincia de Buenos Aires. Y nuevamente se demostró que, a la hora de la verdad, se impone la línea de Cristina dentro del Gobierno.

En el discurso con el que se proyectó a la arena política nacional, Larreta reprochó al Presidente la ruptura “intempestiva” del diálogo, en una actitud más propia de la Vice que de Alberto F.

Para el Presidente, en efecto, fue una decisión por la que podría pagar un alto costo político: los votantes que lo eligieron con la idea de que podía encaminar al Frente de Todos una línea más moderada que la del kirchnerismo, pueden espantarse de cara a las elecciones de 2021. En tanto que los aliados que supo conseguir en JxC, empezando por Larreta, sufrieron una decepción.

A tal punto, que los intendentes bonaerenses que asistieron a la quinta de Olivos el día del anuncio, llevando su apoyo al Presidente de buena fe porque un grupo de policías había rodeado la quinta de Olivos, pasaron duras facturas a sus colegas oficialistas que ofician de gestores ante el Gobierno, uno de ellos Juan Zabaleta, el jefe comunal de Hurlingham. Alberto F. atentó contra sus propios armadores.

Pero eso no fue todo: Kicillof y Máximo Kirchner, el jefe del bloque de diputados del FdT, replicaron a las críticas de los intendentes opositores avisando que el nuevo Fondo del Conurbano no se repartirá por coparticipación sino por la lapicera del Gobernador, para disgusto de los varones del Gran Buenos Aires. El castigo político que Alberto F. le propinó a Larreta se extendió así al territorio bonaerense y dejó en “off side” a los moderados de JxC.

LA LIGA DE GOBERNADORES, SIN SCHIARETTI

A nivel nacional, la quita a CABA reflotó la Liga de Gobernadores del PJ, que históricamente bloquea el aumento de coparticipación para Buenos Aires pero que, en esta ocasión, festejó que los fondos para abastecer a la gestión Kicillof no salieran de los recursos que se distribuyen entre las Provincias. Afuera quedó el cordobés Juan Schiaretti, que sospecha que puede ser el próximo blanco del kirchnerismo.

Pese al auxilio nacional, la resolución de la crisis policial dejó heridas en el oficialismo. No sólo quedó en evidencia que más de un intendente quería la renuncia de Sergio Berni, sino que tras el anuncio del jueves se acentuó el reclamo para que Kicillof “abra el Gabinete” a sectores del FdT no enrolados en el ultrakirchnerismo. Algunos piensan que el Gobernador no interpretó la composición de la mesa de los martes en Olivos.

El Presidente habilitó, ese día de la semana, un almuerzo que reúne a ministros, a Máximo y a Sergio Massa, al propio Kicillof y a intendentes del PJ del Conurbano, que siempre concluye con un austero postre de fresco y batata y que, en términos políticos, tiene un fuerte predicamento sobre la provincia de Buenos Aires. Ahí alumbró el plan de seguridad que, paradójicamente, despertó las demandas policiales.

Alberto F., Kicillof y Larreta se enfrentarán, en este contexto, al desafío de definir cómo seguirá la cuarentena luego del próximo domingo 20. La previa de esa decisión estará caldeada: el alcalde porteño instruyó la presentación de una medida cautelar contra el decreto del Presidente, como antesala de una demanda ante la Corte Suprema. Al máximo tribunal de Justicia del país le tocará recibir esa brasa caliente.

También tendrá que decidir si interviene en los casos de los camaristas Bruglia y Pertuzzi, apuntados por Cristina, desplazados por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y próximamente en el Senado si la Corte no dispone lo contrario.

LA ECONOMÍA, SOMETIDA AL RUIDO POLÍTICO

En medio del ruido político en aumento, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará el Presupuesto 2021 ante el Congreso de la Nación. El titular de la cartera de Hacienda anticipó que la hoja de ruta oficial incluirá un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI y trascendió que estimará la inflación del año próximo en un 28%, en tanto que el dólar se fijaría en $101.

La reestructuración de la deuda posibilitó la caída del Riesgo País a los 1.000 puntos básicos, pero el objetivo de Guzmán de “tranquilizar la economía” se topa con límites políticos.

En forma paralela al Presupuesto, el oficialismo prevé el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, que comenzará el martes en la Cámara baja y que será llevado al recinto “ni bien tenga dictamen”, afirmaron cerca de Máximo Kirchner. También en Diputados habrá un guiño a los gobernadores que deben hacer frente a abultadas deudas con la ANSES. Sólo la Provincia le debe 6.207 millones de pesos.

El estiramiento de los plazos para pagar esas deudas también beneficiará a la CABA, que debe pagar al Fondo de Garantías de Sustentabilidad más de 1.800 millones de pesos. Frente al hachazo de sus recursos que acaba de recibir por el decreto de Alberto F., se trata de una cifra menor para el Gobierno porteño.

Sin embargo, continúa latente la posibilidad de que Larreta siga perdiendo recursos y que, en sentido contrario, Kicillof resulte aún más beneficiado en términos presupuestarios, ya que Cristina considera su base política a la Provincia. Para el peronismo gobernante, no hay manera de mantener el apoyo mayoritario de los votantes si no consigue que las gestiones nacional y bonaerense hagan pie en el Conurbano, donde hizo la diferencia electoral el año pasado.

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