Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

Máximo y Florencia Kirchner presentaron un escrito ante el Tribunal Oral Federal N° 2 para rechazar la ejecución del decomiso sobre bienes y dinero que heredaron o recibieron por cesión de su madre. Argumentaron que son “terceros ajenos a los hechos investigados” y que desapoderarlos de esos activos equivaldría a una “confiscación”.

Los bienes en cuestión incluyen propiedades hoteleras en el sur del país y cerca de 6 millones de dólares en efectivo. También se encuentran bajo análisis el Hotel Los Sauces, en El Calafate, y diez departamentos en Río Gallegos, construidos a través de un fideicomiso entre los Kirchner y la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez.

La respuesta de los fiscales

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron los planteos de los hijos de la exmandataria y reclamaron que el Tribunal avance sin demoras en la ejecución del decomiso.

Según sostuvieron, la cesión de los bienes a favor de Máximo y Florencia Kirchner fue realizada el 10 de marzo de 2016, cuando “el fraude ya estaba consumado”, por lo que no puede considerarse un acto de buena fe.

“No pueden alegar desconocimiento del motivo del traspaso, dado que la cedente era su madre y las acciones delictivas ya tenían un estado público”, señalaron los fiscales en su dictamen. Además, recordaron que Máximo Kirchner actuó en representación de sus padres en varios negocios con Báez durante el período en que se produjeron los hechos investigados.

Un monto millonario

El pedido de los fiscales se apoya en la sentencia firme dictada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, que confirmó las condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y ordenó el decomiso solidario de bienes por $684.990.350.139,86.

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Pese a la decisión del máximo tribunal, los condenados no devolvieron “ni un solo peso”, según remarcaron Luciani y Mola. “La resistencia a cumplir con la sentencia constituye una afrenta a la igualdad ante la ley y un obstáculo para erradicar la impunidad”, afirmaron.

Los fiscales recordaron que el decomiso “no es una pena, sino un efecto del delito” y que la Justicia debe recuperar los activos para destinarlos a fines públicos, como obras, salud y educación.

Cristina Kirchner también se opuso a la ejecución del decomiso, al sostener que el tribunal oral no tiene competencia para llevar adelante la medida. En tanto, Lázaro Báez pidió que se determine la “trazabilidad” de sus bienes y que el proceso se unifique con la causa conocida como “Ruta del Dinero K”.

Luciani y Mola rechazaron ambos planteos y reclamaron que el Tribunal Oral Federal N° 2 ejecute los bienes embargados sin más demoras, al igual que en casos anteriores de corrupción, como el de María Julia Alsogaray, donde se remató un inmueble para cumplir con la condena.

“Es obligación de los jueces hacer cumplir su fallo. Las excusas repetidas no pueden seguir postergando la devolución del dinero que pertenece a la sociedad argentina”, concluyeron los fiscales.