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Cada sesión costó en promedio unos 19.300 millones de pesos, tomando como referencia el gasto total del año
El gasto de la legislatura bonaerense es muy significativo / web
El año 2025 cerró para la Legislatura bonaerense con un dato central: el Poder Legislativo administró alrededor de $308.700 millones, cifra que surge del presupuesto 2023 prorrogado y actualizado por el Ejecutivo provincial ante la ausencia de una nueva ley aprobada. Ese monto representa el 0,9% del gasto total de la Provincia, que ascendió a $34,3 billones, según el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Distribuido entre las 16 sesiones formales que realizaron ambas cámaras, el funcionamiento legislativo implicó un costo promedio cercano a los $19.300 millones por sesión.
La Legislatura forma parte de la finalidad de Administración Gubernamental, que concentró el 17,9% del total del gasto provincial, y dentro de ese conjunto, su partida específica apareció como la tercera en importancia detrás de Relaciones Interiores (responsable en gran parte de las transferencias a municipios) y del Poder Judicial.
En este esquema, el “Parlamento” bonaerense absorbió una porción significativa del gasto operativo del Estado provincial, aun en un año signado por fuertes tensiones presupuestarias, caída real de ingresos y restricciones financieras. De todos modos, ninguno de los bloques de ambas cámaras objetó los gastos para tan poco funcionamiento, al menos en el recinto.
Cierto que tampoco les llamó la atención el caso “Chocolate”, ese puntero que lo atraparon sacando dinero de la Legislatura en un cajero automático con casi 50 tarjetas de débito. Tampoco ninguno en esa oportunidad pidió una comisión investigadora interna, más allá de la actuación de la Justicia. En realidad hubo una pesquisa orgánica pero no encontró irregularidades.
A contramano de la magnitud de recursos asignados, la actividad legislativa durante 2025 fue particularmente reducida. La Cámara de Diputados realizó ocho sesiones. Y la Cámara de Senadores, otras ocho. En total, apenas 16 sesiones formales en todo el año parlamentario.
Si bien existieron reuniones de comisión, encuentros informales y espacios de negociación política para “rosquear” proyectos o acordar posiciones, la producción legislativa formal quedó limitada a ese puñado de sesiones. Para un presupuesto que financia sueldos de legisladores y asesores, funcionamiento de bloques, servicios técnicos, personal permanente y transitorio, mantenimiento edilicio, contratos, seguridad, impresión, ceremonial y una extensa estructura administrativa, el contraste volvió a ser tema de debate público.
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No fue posible determinar con precisión qué parte del gasto se destinó a cada cámara; cuánto se orientó a salarios y cuánto a contratos, servicios o asesores; cuál fue el costo operativo por sesión realizada; y cómo se distribuyeron los fondos entre actividades políticas, administrativas y técnicas.
La falta de detalle no es menor si se considera que el gasto en Administración Gubernamental —categoría donde se incluye a la Legislatura— destina más de $6,1 billones del total provincial. En ese universo, la Legislatura representa un 5% de esa finalidad, lo que muestra su peso dentro del aparato estatal.
El contraste entre el gasto legislativo y la actividad parlamentaria adquiere mayor relevancia al observar el contexto general del presupuesto bonaerense. En 2025, el gobierno provincial operó con ingresos ajustados por inflación que crecieron sólo 0,8% en términos reales, mientras que los Gastos Totales mostraron una caída del 0,4% ajustada por inflación.
A ello se sumó un déficit financiero proyectado de $1,48 billones, lo que obligó a la Provincia a recurrir nuevamente al endeudamiento y a una administración estricta de recursos.
En este escenario de fuertes restricciones, el funcionamiento legislativo mantuvo un presupuesto robusto, incluso cuando otras áreas esenciales —como Salud, Educación, Infraestructura o Seguridad— enfrentaron caídas reales o incrementos por debajo de la inflación prevista.
El presupuesto legislativo de 2025 financió: los sueldos de legisladores, autoridades de cámara y personal permanente; cientos asesores distribuidos en bloques, comisiones y áreas técnicas; servicios de impresión, limpieza, seguridad, mantenimiento y logística; actividades administrativas, gastos de representación y funcionamiento institucional; sistemas informáticos, difusión, ceremonial y distintas contrataciones auxiliares.
Sin embargo, la actividad legislativa formal no acompañó esa estructura: 16 sesiones para $308 mil millones deja un promedio que vuelve a disparar el debate sobre la eficiencia, la transparencia y el rendimiento institucional del Poder Legislativo bonaerense.
La Legislatura absorbió una porción significativa del gasto operativo del Estado provincial
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