Causa Cuadernos: dura acusación contra Cristina

En la séptima audiencia por el juicio de los denominados “Cuadernos de las coimas” Cristina Kirchner, recibió una dura acusación por parte de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). En el requerimiento de elevación al debate oral y público que leyeron los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el documento acusador se refirió a la expresidenta como la “principal artífice de esta organización criminal” dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su administración. Y la identificó como responsable de dar las “directivas al resto de sus miembros, en claro perjuicio del Estado Nacional”.

De acuerdo a la querella del organismo antilavado que encabeza Paul Starc, la estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 y tuvo por finalidad montar un sistema sostenido de recaudación de dinero ilegal “para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos”, al aprovechar la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo nacional.

Al igual que la Fiscalía, la UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvieron al frente de la organización que -según la acusación- funcionaba desde la cima del Estado, mientras detalló que los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en distintos domicilios, como Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.

Para la UIF, parte del dinero, era redistribuido o utilizado para pagos a otros funcionarios. El organismo respaldó sus afirmaciones tras mencionar las declaraciones del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, y el financista Ernesto Clarens, quienes manifestaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel uñóz en el departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio de la Recoleta.

La UIF destacó que los dichos de ambos arrepentidos “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la expresidenta”, al indicar que impartía órdenes, asignaba funciones y decidía continuidad o suspensión de las operaciones.

También se hizo mencion a la declaración del antiguo titular de la Camara Argentina de la Construccion Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema de recaudación desde 2012 y precisó que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner.

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Clarens, por su parte, brindó detalles sobre aportes de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados, según sus dichos, a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.

La querella describió el esquema como un circuito “permanente, dinámico y aceitado”, destinado a asegurar retornos ilícitos de empresas contratistas del Estado. Según la imputación, para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados para recibir esos retornos.

En el requerimiento de elevación a juicio de la UIF se citaron también tramos de resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada, y luego enviados a Río Gallegos, señalando que las evidencias conducen a sostener que el destino final de los fondos eran los ex presidentes.

Sobre las responsabilidades individuales, el organismo querellante insistió en que la exmandataria ocupó la jefatura de la asociación ilícita, al sostener que tras la muerte de Néstor Kirchner se consolidó como la principal responsable de una estructura que mantuvo su funcionamiento a lo largo de los años, con el objetivo de enriquecimiento personal y financiamiento de otras actividades ilícitas.

apeló la ejecución de sus bienes y los de sus hijos

Por otro lado, la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, impugnaron ayer la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades para cumplir con el decomiso ordenado en la causa Vialidad por un monto total de 685.000 millones de pesos.

El pasado 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos. El objetivo es que luego esos bienes pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para finalmente hacer efectivo el decomiso.

En su apelación, Cristina Kirchner calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, que —afirmó— fue utilizado para perseguirla y ahora se extendería a sus hijos. La defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia tienen “origen lícito”, acreditado en fallos firmes y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.

Los defensores de la ex mandataria argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado, y cuestionaron que el tribunal haya ordenado desapoderar a los hijos de la ex vicepresidenta contra de criterios propios del tribunal recientemente dictados.

Por su parte, los hijos de la exjefa de Estado también impugnaron la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre, al advertir que implicaría un “desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos”.

En la misma línea, solicitaron que se suspendan las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto tendiente a poner los activos bajo administración de la Corte Suprema u otra entidad.