La impensada derivación que tiene la investigación de un caso policial en La Plata, en una causa en la que una persona se encuentra imputada de ser el cerebro de una banda dedicada a cometer entraderas con botines millonarios, sirvió para volver a poner en la mira el tema de los gastos de la Legislatura bonaerense y de la necesidad de que existan mecanismos de control para transparentar el control de esos fondos presupuestarios.

Tal como se informó en este diario, de las investigaciones de la causa penal surgió que el acusado y su familia habían sido nombrados en la Legislatura durante el período de la cuarentena. Según se detalló, la persona detenida intentó explicar a la fiscal actuante sobre el dinero con el que había posado en una foto y, para ello, exhibió un recibo de sueldo de la Legislatura en el que figura un ingreso mensual cercano a los 75 mil pesos. La magistrada pidió informes a la Legislatura en donde le confirmaron que el imputado figuraba en el listado con contrato de locación de servicios para tareas administrativas.

Asimismo, se pudo conocer que otros integrantes de la familia del imputado tendrían también una relación laboral con la Legislatura y que se habría constatado que entre ellos sumarían ingresos globales por unos 375 mil pesos mensuales. A fines de junio, al sumarse el medio aguinaldo, habrían percibido más de medio millón de pesos. Las designaciones de todos ellos se habría concretado a partir del 1º de abril pasado, cuando ya corría la cuarentena y la sede legislativa se mantenía cerrada.

No se trata de poner el acento en los montos mencionados aquí, sino –tal se lo hace periódicamente- en señalar la necesidad de que se vean transparentados los gastos legislativos en la provincia de Buenos Aires que, además, constituyen enormes erogaciones presupuestarias. Lo cierto es que esta situación no pudo ser corregida a lo largo de las últimas cuatro décadas y, por el contrario, se vino agravando.

En este sentido, fueron constantes los reclamos en torno a los fondos de que dispone cada uno de los diputados y senadores para financiar de manera discrecional los contratos de asesores y empleados, que sólo cuenta con un “control” interno dentro de cada uno de los bloques.

A ello hay que sumarle los fondos también millonarios destinados a otorgar subsidios y becas a diversas instituciones y personas, que los legisladores pueden decidir en forma particular, sin rendir explicaciones sobre los motivos de esa asistencia. Cabría señalar que antiguamente la Legislatura otorgaba esos subsidios y becas en reunión plenaria, es decir en el recinto y con el voto de las cámaras.

El denominado gasto político incluye otras erogaciones, a través de los mecanismos de manejo de recursos que cuenta con un amplio margen de discrecionalidad y con partidas generosas.

Debe mencionarse, asimismo, no sólo el monto que representa el ingreso mensual de los legisladores, fijado por las Cámaras, sino además los gastos de funcionamiento de los bloques y otros ítems.

En cuanto al nombramiento de empleados y asesores, cada uno de los legisladores dispone de fondos medidos en “módulos”, que son el valor de referencia y que se reparte a cada uno de los diputados y senadores.

Faltaría también mencionar aquí los edificios anexos que se construyeron o que se alquilan en la Legislatura bonaerense, para albergar los despachos de los legisladores, de sus asesores y empleados, así como para ser sedes de oficinas estables de ambas Cámaras. Todo ello supone también voluminosas erogaciones presupuestarias.

Se sabe que, tradicionalmente, el Poder Legislativo ocupó tan sólo una manzana de nuestra ciudad, la de la Legislatura. Y que ahora dispone de otros anexos. Pero allí termina su patrimonio físico. Muy distinto es el caso de los poderes Ejecutivo y Judicial, con sedes centrales en esta capital y con multiplicidad de dependencias en todo el territorio bonaerense.

No se cuestiona la existencia de un poder que representa nada menos que a la soberanía popular. Se trata sólo de reclamar una mayor transparencia y una reducción de los enormes gastos que su funcionamiento insume.