

El juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno para la Corte / na
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El Gobierno envía al Senado la lista de 150 magistrados para ocupar vacantes en varias provincias. A cambio, pediría los votos para nombrar a Lijo y García-Mansilla
El juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno para la Corte / na
Son las dos caras de una misma moneda. La negociación con los gobernadores por los pliegos de 150 jueces que el Gobierno enviará hoy al Senado está atada a los apoyos a las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.
Los cargos a cubrir en la Justicia incluyen vacancias en las provincias que gobiernan Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), entre otras. A la cabeza de las negociaciones están el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes ya hicieron circular algunos nombres con la intención de que los mandatarios provinciales les pidan reemplazarlos. La pieza de cambio, como se dijo, son los votos para los candidatos al máximo tribunal. El Ejecutivo pretende que esos gobernadores instruyan a los senadores que les responden para que respalden, sobre todo, a García-Mansilla, afín al ideario libertario y cuyo dictamen por ahora solo tendría cuatro rúbricas de la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Lijo, en cambio, tendría aseguradas ocho firmas (y podría llegar a las nueve si se suma el radical Martín Lousteau).
El Gobierno corre contrarreloj. Quiere que el Senado apruebe antes del 30 de noviembre los pliegos para la Corte y evitar así que el máximo tribunal quede con tres integrantes tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda, que se efectiviza el 30 de diciembre.
Pero si las negociaciones con gobernadores y legisladores no prosperan, la Casa Rosada podría ensayar una solución extrema: nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto, en comisión y durante un año, período en el que deberían obtener el acuerdo del Congreso.
“Como sea, en enero la Corte va a tener cinco jueces”, decía ayer una fuente con llegada al presidente, Javier Milei.
No obstante, hay quienes dudan de que Milei avance con ambos candidatos por decreto, una medida que fue cuestionada cuando la utilizó Mauricio Macri en 2015.
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El plan, por ahora, consiste intercambiar los votos de la Corte por los nombres para cubrir los juzgados de todo el país.
Las negociaciones, se dijo, incluyen a gobernadores, pero también jefes políticos y titulares de bloque, entre ellos el kirchnerismo.
Esa estrategia dejó atrás la idea de un acuerdo tácito con Cristina Kirchner por los dos pliegos para el mayor tribunal de Justicia. El Gobierno confía en poder alcanzar los dos tercios del Senado con los dos bloques de Unión por la Patria, que suman 33 senadores antes que en negociar con la expresidenta, que pretendía cambiar a García-Mansilla por una candidata mujer elegida por el PJ. O ampliar la Corte a siete o nueve miembros.
La Casa Rosada no admitió ninguna de esas opciones. Espera poder sumar adhesiones para García-Mansilla con los respaldos de radicalismo y de senadores que responden a los gobernadores. Eso incluye a legisladores de Unión por la Patria, lo que provocaría una fisura en el peronismo, al aislar a los kirchneristas puros.
De todas maneras, en el Gobierno especulan con reactivar las conversaciones con Cristina en los próximos días, cuando se conozca el fallo de la Cámara de Casación Penal que podría confirmar la condena a prisión de la exmandataria en la causa Vialidad. Porque a partir de allí, la situación judicial de la expresidenta dependerá de la Corte
Por lo pronto, tras la intención del Ejecutivo de sumar jueces por decreto, la flamante presidenta del PJ tiene la garantía de que el máximo tribunal ya no se reducirá al tridente que componen Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Magistrados que ya han rechazado planteos de Cristina en Vialidad.
En el kirchnersimo incluso se entusiasman. Observan que los libertarios no la emprenden judicialmente contra Cristina como lo hizo Cambiemos: “Estamos en una posición de privilegio para hacer cosas en la Justicia. Es cierto que este Gobierno no persigue judicialmente. Con los 150 pliegos de jueces el Gobierno ahora movió el avispero. Nadie sabe cómo termina”, reconoció una fuente con terminal en el Instituto Patria.
Pero mientras en la Rosada conversan con sectores del peronismo y el kirchnerismo para completar la Corte y las vacantes en la Justicia, no parecen dispuestos en invitar al PRO a esas negociaciones. “Solo tiene seis senadores, no tenemos por qué consultarlos”, responden en Balcarce 50 a la pretensión de Mauricio Macri para sumar nombres propios en los juzgados.
El Gobierno conversa con el peronismo y el kirchnerismo, pero deja afuera al PRO
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