En pandemia los servicios públicos encabezaron el ranking de los reclamos

La Defensoría del Pueblo bonaerense recibió en 2020 un total de 168.167 consultas, lo que representa un 46 por ciento más que el año anterior, y fueron las temáticas relacionadas a los servicios públicos, salud y la de bienes de consumo y servicios privados por las que más reclamos se gestionaron.

De las consultas recibidas, que generaron orientaciones, asesoramientos o acciones administrativas, el 50,95 por ciento se recibieron por la línea telefónica gratuita; el 32,2 por ciento en forma presencial, en la sede central y las delegaciones, y por WhatsApp; y el 16,8 por ciento por las redes y la web.

Entre los principales reclamos que se gestionaron aparecen los servicios públicos (26 por ciento); salud (20 por ciento); bienes de consumo y servicios privados, que engloba alquileres, bancos, compras en comercios y supermercados, entre otros, (17 por ciento); trabajo y seguridad social (9 por ciento); y asuntos viales (5 por ciento).

Al analizar en detalle lo relacionado con los servicios públicos, se registraron reclamos referidos a la calidad de los suministros, deficiencias en la prestación (desbordes cloacales, escapes de gas, rotura de tendido, etc.), facturación, aumento de tarifas, planes y subsidios, entre otros.

Para salud, ingresaron quejas que tuvieron que ver con prácticas (cirugías, estudios, etc.), facturación, afiliaciones, prótesis, internaciones, atención, tramitación del Certificado Único de Discapacidad, entre otros.

En cuanto a bienes de consumo y servicios privados, se tomaron reclamos por aumentos de tarifas y abonos, cobros o descuentos indebidos, calidad del servicio o producto, incumplimientos contractuales de alquileres como en los servicios, calidad de las prestaciones, altas y bajas de abonos.

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Parte del aumento de las consultas está relacionado al aislamiento social, preventivo y obligatorio para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Por eso, aparecen consultas que tuvieron que ver con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumentos de precios, alquileres, permisos para circular, jubilados, cuotas de colegios privados, sobre el decreto que declaró a la telefonía móvil e internet como servicio público, entre otras.

También llevó adelante gestiones que tuvieron impacto en la recepción de consultas como el pedido para que se le quite la concesión a Edesur, y se desplegó una amplia tarea relacionada a las cuestiones de género, con acciones para enfrentar el impacto de las violencias vinculados al aislamiento, la realización de capacitaciones sobre la temática y el pedido para que los municipios se sumen a la Ley Micaela.