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El uruguayo acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra, evitó las preguntas y solo hizo alusión a sus denuncias
Laurta volvió a mostrarse sin culpa y centrado en su hijo / web
Con una mirada fría y el gesto altivo que ya había mostrado en cada traslado, Pablo Laurta, el uruguayo acusado por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), volvió a sentarse frente a la Justicia. Lo hizo ayer en los Tribunales de Córdoba, donde fue indagado por los crímenes cometidos el 11 de octubre. Pero, una vez más, eligió callar sobre los crímenes. No respondió una sola pregunta sobre las dos muertes que conmovieron al país, aunque sí insistió en hablar de sus denuncias contra las víctimas y en reclamar la restitución internacional de su hijo, a quien se llevó consigo tras la masacre.
La audiencia se llevó a cabo de manera presencial ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno, Gerardo Reyes, luego de que la defensa solicitara que Laurta no declarara por videoconferencia. Asistido por la defensora oficial Alfonsina Muñiz, el acusado permaneció casi una hora y media ante el funcionario judicial, sin dar ninguna explicación sobre los hechos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, “no contestó preguntas en relación con la causa” y solo se refirió a sus denuncias previas ante la Fiscalía de Integridad Sexual y al pedido de restitución de su hijo.
Terminada la indagatoria, el imputado fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Cruz del Eje, donde se encuentra detenido en un pabellón de máxima seguridad. Su presencia en Córdoba había sido objeto de un operativo especial: llegó escoltado desde Entre Ríos, donde permanece acusado por otro crimen, el del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien habría asesinado durante su huida.
Laurta fue arrestado el domingo 12 de octubre en Concordia, poco más de un día después del doble femicidio, tras un operativo conjunto que terminó con su captura y la recuperación del niño, hijo suyo y de Luna. Desde entonces, su derrotero judicial se reparte entre Entre Ríos y Córdoba, las dos provincias donde dejó un rastro de violencia y muerte.
Desde su detención, Laurta intentó justificar su accionar detrás de un discurso paranoico y victimista. En cada traslado, frente a cámaras y micrófonos, repitió frases que buscaron convertir un crimen atroz en una supuesta “misión de rescate”. “Las dos fallecidas tenían denuncias por explotación infantil y secuestro. Yo hice lo necesario para salvar a mi hijo”, dijo sin titubear al llegar a Córdoba, en medio de un fuerte operativo de seguridad. “Ahora él está seguro”, agregó, sin mostrar signos de arrepentimiento.
Sus declaraciones indignaron a las familias de las víctimas y reforzaron el perfil violento y manipulador que ya habían advertido los allegados a Luna. En octubre de 2023, la joven había denunciado a Laurta por hostigamiento y amenazas, y había obtenido una orden de restricción y un botón antipánico. Sin embargo, pese a los antecedentes y a las evaluaciones psicológicas que confirmaban que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos, fue liberado en enero de este año y pudo huir a Uruguay antes de que se le colocara una tobillera electrónica.
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El doble femicidio ocurrió la mañana del 11 de octubre en una casa de barrio Argüello, en Córdoba. Allí vivían Luna y su madre, Mariel. Según los investigadores, Laurta irrumpió y asesinó a ambas mujeres antes de llevarse al niño. Fue un ataque planificado: había cruzado el país desde Uruguay, donde residía, con el propósito de “recuperar” al menor.
Para escapar, contrató a un chofer de aplicación en Concordia, a quien convenció de llevarlo hasta Santa Fe con la promesa de un viaje pago. Ese hombre, identificado como Martín Palacio, fue asesinado durante el trayecto. Su cuerpo fue hallado días después mutilado en una zona rural de Puerto Yeruá. Los fiscales entrerrianos sostienen que Laurta lo mató para garantizar la impunidad del siguiente delito: el doble femicidio.
Mientras tanto, la familia de Luna lucha por mantener viva su voz. Su hermana, Laura Giardina, quien viajó desde Chile tras enterarse del crimen, fue aceptada como querellante y reclama que se analicen las denuncias previas que la víctima había radicado contra su expareja. “Fue la crónica de una muerte anunciada”, dijo su abogada, Marina Romano.
En contraposición, Laurta utiliza cada instancia judicial para intentar revertir el destino de su hijo, que quedó bajo resguardo. El mismo jueves en que se negó a hablar de los femicidios, reiteró su pedido de restitución del menor, argumentando que el niño fue “arrebatado” de su custodia.
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